El Tercer Tribunal Ambiental resolvió dar luz verde parcial a la firma Inmobiliaria Pocuro Sur, cuestionando el actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por el freno impuesto a las faenas de la cuarta etapa del Loteo Llacolén en la Región del Biobío. La disputa legal arrancó luego de que el organismo fiscalizador decretara la suspensión de los trabajos ante la sospecha de afectación a un ecosistema húmedo en la zona.
Aunque el castigo original ya había caducado en los papeles, la exigencia constante de nuevos estudios técnicos mantenía los bulldozers parados en terreno. Los magistrados determinaron que la autoridad no puede seguir pidiendo más informes bajo la excusa de medidas preventivas, emplazándola a definir si existen daños reales que ameriten una revisión mayor.
Ante este escenario, la justicia indicó que el ente fiscalizador debe mover fichas de manera concreta, ya sea enviando los antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental para revisar los permisos originales o abriendo un proceso por posibles incumplimientos normativos, cerrando así el espacio a paralizaciones indefinidas.
El conjunto habitacional en cuestión proyecta levantar unas 910 casas divididas en cuatro etapas bajo subsidios del Ministerio de Vivienda. Cabe destacar que la iniciativa había pasado originalmente por los filtros del Sistema de Impacto Ambiental, donde se aseguró en su momento que no habría problemas graves para el entorno.