El máximo tribunal del país ha experimentado una transformación profunda en su Tercera Sala, considerada la más influyente por sus determinaciones en áreas económicas, sanitarias y ecológicas. Esta modificación en la jurisprudencia se consolidó a raíz de la salida de los antiguos magistrados Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, quienes solían coordinar sus votos en decisiones que frecuentemente generaban debate entre los especialistas del derecho.
En el ámbito de la salud, la instancia judicial adoptó un enfoque más riguroso. Mientras en el pasado era habitual que se ordenara el financiamiento de tratamientos millonarios o se interviniera de manera directa en la crisis de las isapres, actualmente se observa un rechazo sistemático a las solicitudes de cobertura para fármacos de alto costo que no están contemplados en los programas estatales oficiales, priorizando el orden financiero del sistema.
Por otro lado, en materia medioambiental, el tribunal dejó atrás la práctica de entrometerse en las discusiones técnicas de los proyectos. Ahora, los magistrados se limitan a examinar posibles errores de derecho y respetan de manera estricta las resoluciones emitidas por los tribunales especializados y el Servicio de Evaluación Ambiental, marcando un claro contraste con su administración anterior.