La salida de los magistrados Ángela Vivanco y Sergio Muñoz de la Corte Suprema, concretada a fines de 2024, generó un punto de inflexión absoluto en la influyente Tercera Sala. Durante el periodo en que ambos jueces integraban la instancia, las resoluciones solían abordar temas sanitarios, económicos y ecológicos bajo una mirada sumamente amplia, cuestionada en su momento por diversos expertos del área jurídica.
Actualmente, bajo la presidencia de la jueza Adelita Ravanales, el tribunal adoptó una postura mucho más restrictiva frente a los recursos de protección. Un claro ejemplo de esto se refleja en las disputas ligadas a las isapres y en la negativa sistemática para ordenar el financiamiento de medicamentos de alto costo que no cuentan con respaldo en las normativas vigentes, priorizando el orden financiero del sistema.
En el ámbito ecológico, la sala dejó atrás la práctica de intervenir en las discusiones técnicas de proyectos que siguen su curso en el Servicio de Evaluación Ambiental. Hoy en día, los ministros se enfocan estrictamente en revisar posibles fallas de derecho, respetando de manera tajante las determinaciones previas emitidas tanto por los tribunales ambientales como por la institucionalidad respectiva.