Las recientes declaraciones del secretario de Estado de Defensa, Fernando Barros, respecto al nuevo recargo arancelario impuesto por la administración norteamericana a gran parte de los envíos nacionales, generaron desconcierto al interior del Palacio de Gobierno. Durante una entrevista radial, la autoridad calificó la medida como un acto inequitativo que pone en entredicho la tradicional alianza bilateral, argumentando además que las normativas laborales del país superan los estándares del gigante del norte. Si bien en el Ejecutivo respaldan el diagnóstico de fondo —considerando que este gravamen deja a Chile en desventaja frente a otros competidores de la región—, causó incomodidad que el asunto fuera abordado públicamente fuera del ámbito de su propia cartera.
El impasse ocurre en un momento delicado, mientras la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales despliega una ofensiva diplomática para suavizar el impacto económico. De hecho, la Cancillería ya entregó un registro con mercancías estratégicas a la Oficina del Representante Comercial estadounidense y se prepara para recibir en agosto a un alto funcionario de dicho organismo, en una visita clave para destrabar el conflicto a través del diálogo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó profundizar en descalificaciones y prefirió destacar que las tratativas diplomáticas siguen su curso con miras a solucionar el problema. En la misma línea, el jefe de gabinete y portavoz gubernamental, Claudio Alvarado, respaldó la gestión de la Cancillería, recalcando que el objetivo principal es sumar nuevos antecedentes para conseguir que Washington revierta la cuestionada decisión.