Tras ratificarse mediante peritajes de ADN que Bernarda Vera se encuentra con vida en territorio argentino, legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) levantaron la voz para exigir la devolución de los beneficios económicos entregados a su núcleo familiar durante décadas. Los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu calificaron la situación como un engaño prolongado y emplazaron derechamente al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a iniciar las acciones legales pertinentes para que el fisco recupere cada peso desembolsado.
El caso dio un vuelco definitivo luego de que el Servicio Médico Legal confirmara con absoluta certeza científica la coincidencia de la persona localizada en el extranjero, un antecedente que se sumaba a alertas previas provenientes desde Suecia y reportajes periodísticos. Ante este escenario, un oficio enviado previamente al Instituto de Previsión Social permitió corroborar que tanto la madre como la hija de Vera percibieron pensiones estatales, destacando un aporte por discapacidad que se mantiene activo hasta la actualidad y bordea los ochocientos mil pesos mensuales.
Para los parlamentarios firmantes, resulta inaceptable que los recursos de todos los chilenos hayan terminado financiando una condición de víctima que no correspondía a la realidad. Por esta razón, recalcaron que las instituciones del Estado deben actuar con firmeza para lograr la restitución total de los fondos fiscales involucrados, advirtiendo que no se puede tolerar ningún tipo de beneficio obtenido mediante antecedentes que hoy la justicia y la ciencia han derrumbado.