Un reciente recargo arancelario del 12,5% impuesto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos a diversos envíos nacionales, como salmones, frutas y vinos, generó sorpresa e incomodidad en el Ejecutivo criollo. La medida se adoptó tras denuncias de organizaciones que apuntaron a supuestas irregularidades laborales en sectores productivos locales, lo cual desató un debate sobre la justicia de la sanción.
Lo llamativo del asunto es que esta decisión económica choca directamente con las conclusiones de un reporte emitido por el Departamento de Estado norteamericano. Dicho estudio ubicó al país en la categoría más alta de cumplimiento respecto a la erradicación de la explotación de personas, destacando el endurecimiento de las penas en el código penal y el mejoramiento en la detección de casos.
Si bien el análisis estadounidense apuntó a ciertas falencias en la preparación de los persecutores judiciales y a un incremento en el número de afectados detectados gracias a nuevas tecnologías de registro, valoró los esfuerzos estatales en fiscalización. Ante este escenario, las autoridades nacionales anunciaron tratativas bilaterales para intentar revertir o atenuar el impacto de la medida en los mercados extranjeros.