En medio de la discusión legislativa sobre la iniciativa de reactivación económica impulsada por el Ejecutivo, surgen llamados desde la academia para no descuidar los compromisos ecológicos adquiridos por Chile. La propuesta busca dinamizar sectores productivos clave como la minería y la energía mediante la reducción de cargas tributarias, lo que podría generar un escenario de mayor actividad industrial.
Sin embargo, especialistas en la materia señalan que un incremento en la producción suele traducirse en una elevación de las emisiones contaminantes, amenazando la meta nacional de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Dado que el articulado beneficia a toda clase de iniciativas sin hacer diferencias según su huella ecológica, se abre una potencial contradicción con la normativa climática vigente.
Para contrarrestar este efecto secundario, la alternativa planteada consiste en actualizar el gravamen ambiental existente mediante una subida en sus tasas, la ampliación de los criterios de cálculo y la incorporación de un mayor número de empresas fiscalizadas. Este mecanismo no solo busca desincentivar la polución, sino también premiar a aquellas firmas que adopten tecnologías más limpias y reduzcan sus impactos negativos.
Por último, los expertos recuerdan que cumplir con los estándares de sustentabilidad trae aparejados beneficios fiscales directos para el Estado, abaratando los costos de la deuda soberana. De este modo, conciliar la reactivación de los mercados con exigencias ecológicas más estrictas se transforma en una estrategia indispensable para el futuro económico y ambiental del país.