A medio año del devastador megaincendio que cobró la vida de dos decenas de personas y arrasó con cientos de hogares en el Biobío, el foco de la discusión pública ha comenzado a desplazarse hacia la eficiencia de los protocolos de emergencia. Desde la Defensoría Regional ya advirtieron que la indagatoria judicial no debe limitarse únicamente al origen de las llamas y a los imputados, sino que resulta indispensable esclarecer cómo operaron las instituciones cuando miles de familias corrían contra el tiempo para poner a salvo sus vidas.
En sectores como Villa Miramar, Ríos de Chile y Geochile, la tónica de aquella madrugada estuvo marcada por el desconcierto y la autoorganización. Diversos dirigentes vecinales coinciden en que los mensajes masivos a los teléfonos celulares o bien no llegaron a tiempo, o solo advertían sobre la situación general sin ordenar una salida oportuna. De hecho, varios testimonios apuntan a que debieron organizarse por su propia cuenta, usando llamados telefónicos y grupos de mensajería para alertar a sus vecinos antes de que el fuego rodeara sus viviendas.
Por su parte, desde el municipio de Penco reconocieron que las proyecciones técnicas iniciales se quedaron cortas frente a la velocidad con la que avanzó el siniestro empujado por el viento. Si bien la comuna contaba formalmente con planes de emergencia aprobados, las autoridades locales admiten que la respuesta institucional enfrentó severas dificultades operativas, sugiriendo que una presencia anticipada de las fuerzas militares habría amortiguado los daños. Hasta el cierre de esta edición, desde el servicio de prevención y respuesta ante desastres evitaron emitir un pronunciamiento sobre estos cuestionamientos.