Este sábado arrancó la esperada intervención en una zona de la región de Arica y Parinacota que por años funcionó como bastión de peligrosas agrupaciones delictuales. Tras cumplirse el plazo para que los residentes abandonaran de forma voluntaria las propiedades del Serviu, las instituciones gubernamentales y policiales procedieron a tomar el control del territorio para iniciar su demolición.
El procedimiento a gran escala contempla la desocupación inicial de unas 220 casas, afectando a más de setecientas personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera. Para mitigar el impacto social de la medida, la administración local dispuso de recintos de acogida temporales mientras se desarrollan las labores de despeje.
Desde la Delegación Presidencial advirtieron que la intervención será rigurosa y podría extenderse debido a las revisiones exhaustivas casa por casa. Asimismo, recalcaron que la prioridad es resguardar la seguridad y los derechos humanos durante todo el proceso, coordinando acciones con distintos organismos del Estado.