El Ejecutivo ingresó al Congreso una nueva propuesta legislativa que busca ajustar las reglas de la reciente normativa sobre la reducción de la jornada laboral. Según las autoridades, el objetivo principal es optimizar los criterios de adaptabilidad para fomentar la contratación, aunque la iniciativa ya genera debate sobre sus posibles efectos en la rutina del personal.
El texto plantea extender de forma considerable los ciclos en los cuales se calculan los promedios semanales de trabajo, alcanzando periodos de hasta cuatro meses en general y llegando a un año completo en rubros específicos como la hotelería, el turismo y la gastronomía. Asimismo, la propuesta elimina el requisito de contar con el visto bueno de las organizaciones sindicales para aplicar estas modificaciones en la mayoría de los casos, dejando la decisión final en manos de la empresa.
Especialistas en la materia advierten que esta medida podría generar incertidumbre en la vida personal de los trabajadores, dificultando la organización familiar, la educación vespertina o el descanso. Además, se cuestiona el argumento oficial de que esta flexibilidad servirá para crear nuevos puestos, señalando que más bien podría traducirse en una mayor carga para las plantillas actuales sin el correspondiente pago de horas extraordinarias.