La incertidumbre que se prolongó por más de medio siglo llegó a su fin luego de que peritajes genéticos realizados por el Servicio Médico Legal establecieran con absoluta certeza la identidad de Bernarda Vera Contardo, localizada con vida en territorio argentino. Esta revelación, lejos de calmar las aguas, dio pie a un intenso gallito político y a nuevas acciones en tribunales que ponen la lupa sobre el manejo institucional de los registros de derechos humanos.
Desde el bloque opositor, parlamentarios de la UDI exigieron que el Consejo de Defensa del Estado intervenga para lograr la devolución de los recursos monetarios que recibió el círculo cercano de Vera, calificando los pagos previos como irregulares. En la misma línea, la bancada del Partido Republicano adelantó que impulsará una comisión especial en la Cámara Baja con el fin de auditar posibles anomalías y fiscalizar si existen más casos con características similares.
Paralelamente, en la arista judicial, el abogado Maximiliano Murath exigió que se le ponga acelerador a una querella interpuesta contra exfuncionarios de gobierno por la gestión de antecedentes en este expediente. El jurista cuestionó la labor del Ministerio Público, señalando que la indagatoria judicial se ha mantenido prácticamente congelada desde el año pasado sin avances significativos.
Por otro lado, figuras oficialistas como la diputada Lorena Pizarro advirtieron sobre el peligro de politizar este episodio para deslegitimar las políticas de búsqueda de víctimas de la dictadura. Analistas académicos coinciden en que este suceso golpea la confianza en los registros oficiales y pone a prueba la eficacia del actual Plan Nacional de Búsqueda, mientras la causa judicial se mantiene bajo extrema reserva por orden del ministro Álvaro Mesa.