Recientemente el Congreso dio luz verde a la Ley de Protección Tarifaria Eléctrica, un proyecto con el cual el Estado asume una millonaria deuda acumulada con las empresas del rubro debido a retrasos en la fijación de precios. Si bien la iniciativa extiende los subsidios hasta 2027 y aborda problemas urgentes en la calidad del suministro, diversos análisis apuntan a que el diseño escogido genera nuevas distorsiones en el sistema.
Uno de los puntos más cuestionados es la forma en que se cancelará este pasivo histórico. En lugar de aplicar cobros focalizados, la normativa establece un cargo parejo por kilovatio-hora que deberán asumir tanto los hogares vulnerables como las grandes industrias durante varios años, lo que ha sido calificado como una medida regresiva. A esto se suma el congelamiento temporal de tarifas en regiones específicas como Los Ríos y Los Lagos, cuyos incrementos se distribuirán entre todos los consumidores del país.
Asimismo, la legislación faculta a la autoridad para intervenir en contratos vigentes entre privados e introduce mecanismos paralelos para financiar mejoras en la calidad del servicio eléctrico. Según los expertos, estas acciones se alejan del tradicional modelo de empresa eficiente, aumentando el riesgo regulatorio y dejando pendientes los cambios estructurales que el sector necesita para garantizar estabilidad a largo plazo.