La rápida salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un examen de drogas, generó duras críticas hacia la gestión gubernamental. Diversos sectores apuntan a que La Moneda priorizó una respuesta comunicamental apresurada por sobre el debido proceso, tomando medidas drásticas sin esperar el análisis de la contramuestra que exige el protocolo completo.
El problema central radica en las normativas actuales en Chile, las cuales obligan a transparentar los resultados preliminares antes de confirmar fehacientemente el consumo mediante un segundo laboratorio. A diferencia de lo que ocurre en naciones del primer mundo o en Europa —donde se resguarda la presunción y se exige una segunda prueba dividida antes de tomar sanciones—, el sistema chileno expone a las autoridades a juicios públicos inmediatos por parte de la Contraloría.
Este episodio evidencia una falencia institucional transversal que afecta a la política nacional. Expertos y parlamentarios coinciden en que este caso debería servir como un llamado de alerta para modernizar los estándares de fiscalización, implementando resguardos similares a los de países desarrollados para evitar despidos precipitados basados en exámenes que podrían arrojar falsos positivos.