Durante años, la aplicación de medidas drásticas como la expulsión temporal o la tolerancia cero ha sido la respuesta habitual de los establecimientos educacionales frente a conductas inadecuadas. Sin embargo, revisiones recientes impulsadas por agrupaciones de psicología han demostrado que estas prácticas no generan un impacto positivo real en la seguridad escolar, afectando incluso el rendimiento académico y aumentando la deserción, especialmente en sectores vulnerables.
Esta ineficacia se relaciona directamente con el desarrollo neurológico de los jóvenes. Los especialistas explican que las áreas cerebrales vinculadas al control de impulsos maduran de forma tardía, lo que vuelve común la toma de riesgos durante esta etapa. Por esta razón, el castigo por sí solo no entrega las herramientas necesarias para que los alumnos aprendan a regular su comportamiento ni dimensionen adecuadamente las consecuencias de sus actos.
Como alternativa, las investigaciones destacan modelos basados en el refuerzo positivo y la justicia restaurativa, los cuales buscan anticiparse a los conflictos o reparar el daño generado dentro de la comunidad escolar en lugar de segregar al estudiante. Aunque estas metodologías han ganado fuerza a nivel internacional —implementándose incluso mediante dinámicas de capacitación lúdica para docentes—, algunos sectores críticos advierten que su correcta ejecución requiere recursos y preparación para evitar la percepción de impunidad.
