A través de una misiva pública firmada por representantes de los sectores eléctrico, sanitario y gasífero, las compañías proveedoras expresaron su profunda molestia con la disposición incluida en la reciente megarreforma legislativa. Según argumentan los líderes gremiales, la exigencia de reconectar a usuarios con deudas pendientes antes de la catástrofe carece de sustento técnico y altera gravemente las prioridades operativas en momentos críticos.
Los ejecutivos advirtieron que esta disposición generará un incentivo negativo respecto al pago oportuno de las cuentas, perjudicando además a la gran mayoría de los ciudadanos que sí mantienen sus pagos al día. En su opinión, destinar personal y equipos a estas habilitaciones especiales podría demorar la recuperación general de las redes para quienes cumplen con sus obligaciones.
Finalmente, los representantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para revisar este articulado antes de su promulgación definitiva. Insisten en que las políticas de ayuda social durante desastres deben implementarse sin desestabilizar el funcionamiento técnico ni financiero de los servicios básicos en el país.