Durante la jornada del jueves, las delegaciones de Pekín y Moscú utilizaron su facultad de veto en el Consejo de Seguridad para echar por tierra una propuesta impulsada por Washington. La iniciativa buscaba prolongar por un año más las funciones del equipo de especialistas dedicado a vigilar el cumplimiento de las medidas restrictivas contra el régimen iraní, las cuales fueron reactivadas recientemente tras desacuerdos sobre el pacto atómico firmado en 2015.
A pesar de este revés diplomático, las penalizaciones internacionales que afectan el programa de misiles balísticos, la venta de armamento y los fondos iraníes en el extranjero siguen legalmente vigentes. Sin embargo, representantes de potencias como el Reino Unido y Francia lamentaron profundamente la medida, señalando que la falta de un órgano fiscalizador independiente deja un vacío peligroso que debilita la estabilidad en Medio Oriente y frena la entrega de datos fiables a la comunidad internacional.
Por su parte, la delegación diplomática de Teherán celebró públicamente la decisión de sus aliados y calificó la propuesta estadounidense como un movimiento con fines políticos. Ante este escenario, los países europeos anunciaron que evaluarán caminos alternativos para garantizar que las restricciones económicas y militares se cumplan de manera efectiva.
