A raíz del mediático rescate de personas atrapadas en la zona cordillerana de la Región Metropolitana, un grupo de diputados oficializó una propuesta legislativa que apunta directamente contra la irresponsabilidad en situaciones de catástrofe. La idea principal es penalizar a los ciudadanos que, de forma consciente y sin motivos valederos, pasen por alto las instrucciones de la autoridad para dejar zonas peligrosas o ingresar a sectores prohibidos.
El texto presentado estipula que los infractores arriesgan penas de cárcel menor y millonarias multas que van de 11 a 50 UTM. Asimismo, se contempla la obligación de devolver al Fisco todos los gastos monetarios y operacionales que demande un procedimiento de salvataje motivado por la negligencia de los involucrados.
Desde el bloque político enfatizaron que la normativa no apunta a castigar a quienes sufran imprevistos fortuitos durante excursiones o paseos al aire libre. El foco está puesto exclusivamente en aquellos casos donde hay una negativa consciente a cooperar con los protocolos de emergencia decretados por los organismos competentes.
Los impulsores de la moción señalaron que este modelo ya se aplica con éxito en distintas naciones del extranjero, donde la falta de cooperación ante catástrofes se castiga severamente y permite recuperar los fondos públicos gastados en operaciones de rescate innecesarias.