Este nuevo instrumento estatal, gestionado a través del Sence, reemplazará a tres antiguos aportes económicos orientados a jóvenes, mujeres y cotizantes. Su diseño apunta a dinamizar el mercado laboral formal ofreciendo un incentivo monetario directo, el cual considera un porcentaje del sueldo bruto tanto para la persona contratada como para la compañía que la recibe.
Dentro de los segmentos prioritarios que contempla la normativa figuran los jóvenes entre 18 y 25 años, las mujeres de 25 a 55 años, adultos mayores camino a la jubilación y personas que vivan con alguna discapacidad registrada. Para postular, los empleados deben cumplir con ciertos criterios, tales como registrar períodos de cesantía previos, mantener un sueldo bruto bajo un límite determinado y estar inscritos dentro de ciertos tramos del Registro Social de Hogares.
Por su parte, los empleadores interesados en acceder a esta bonificación deben tributar en primera categoría, mantener sus cotizaciones previsionales al día y no haber mantenido vínculos laborales recientes con el trabajador contratado. Las postulaciones se deben gestionar dentro del primer trimestre de iniciada la relación contractual.
En cuanto a los montos, la normativa estipula que tanto el trabajador como la empresa pueden recibir hasta un porcentaje de la remuneración bruta, estableciendo un tope combinado para potenciar la contratación formal en los distintos sectores económicos del país.