Un plazo de cuatro meses estableció la justicia para indagar los hechos que se le imputan al consejero regional Alan Bastías, quien fue enviado a la cárcel de manera preventiva. La denuncia fue interpuesta a fines del año pasado por una mujer adulta, quien acusó al político de haberla agredido sexualmente durante una junta familiar realizada en la comuna de Chiguayante.
Respecto a su situación laboral, desde el Gobierno Regional aclararon que Bastías llegó al puesto por votación popular y no mediante un contrato, por lo que su salida del cargo no depende de una determinación administrativa. Su destitución solo podría concretarse a través de un dictamen emitido por el Tribunal Electoral Regional (TER), o bien si se dicta una condena en su contra.
Por otro lado, la fiscal subrogante Marcia Matus detalló que la indagatoria quedó en manos de la PDI y que se recopilaron pruebas científicas y testimoniales que apuntan a un abuso de confianza, además de la incapacidad de la víctima para resistirse. En cuanto a sus percepciones económicas, como los Cores reciben su sueldo de acuerdo con su asistencia a las reuniones, el imputado dejará de recibir dichos montos al estar recluido y sin poder participar.
Finalmente, el gobernador regional Sergio Giacaman se refirió al asunto manifestando que las acusaciones son de extrema gravedad. La autoridad expresó su confianza en que el Ministerio Público esclarezca lo sucedido a la brevedad y se establezcan las sanciones que correspondan según la ley.