En medio del debate por la reciente gran reforma económica impulsada por la administración actual, las críticas hacia la invariabilidad tributaria han generado álgidas discusiones en el mundo político. Quienes se oponen a esta medida argumentan que se trataría de un mecanismo inconstitucional que beneficia exclusivamente al empresariado y pone en riesgo los fondos destinados a las demandas ciudadanas. Sin embargo, diversos analistas recuerdan que este instrumento económico no es una novedad ideológica, ya que ha estado presente en la historia institucional chilena desde finales de los años setenta, siendo respetado por varias administraciones democráticas posteriores sin mayores cuestionamientos.
Desde otra perspectiva, se sostiene que garantizar estabilidad en las cargas impositivas por periodos prolongados funciona indirectamente como una política de carácter social. El razonamiento detrás de esta postura apunta a que ningún programa estatal, ya sea en salud, educación o pensiones, puede sostenerse en el tiempo únicamente mediante buenas intenciones o discursos, requiriendo obligatoriamente de una economía dinámica que genere empleos y aumente la recaudación fiscal de forma orgánica. Por el contrario, los periodos de estancamiento financiero y las alzas desmedidas de tributos aplicadas en el pasado reciente solo habrían conseguido espantar los capitales y frenar el desarrollo del país.
Por último, la discusión sobre la pertinencia de estas normativas debe enfocarse en la urgencia de volver a atraer tanto el capital local como el extranjero en un escenario internacional cada vez más complejo y proteccionista. Si se logra reactivar la inversión productiva, el beneficio final no recaerá únicamente en los grandes contribuyentes, sino que permeará a toda la sociedad a través de una mayor riqueza disponible para el erario nacional.