A partir de este viernes 24 de julio, las exportaciones nacionales enfrentarán un nuevo escenario comercial debido a una resolución de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Si bien los envíos mineros y la celulosa se salvaron del gravamen, rubros fundamentales para el empleo regional —entre ellos la industria salmonera, los productores frutícolas, las viñas y el sector forestal— deberán asumir un recargo arancelario del 12,5%. Desde los distintos gremios productivos expresaron su profunda preocupación, advirtiendo que esta desventaja frente a competidores de otros países afectará los márgenes de ganancia y encarecerá los precios para los consumidores estadounidenses.
El motivo detrás de esta sobretasa no apunta a prácticas laborales irregulares dentro de las empresas chilenas, sino a la ausencia de normativas locales para bloquear la entrada de mercancías extranjeras elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso. A diferencia de naciones como Canadá, México o la India, que implementaron los resguardos exigidos por Washington para acceder a una tarifa preferencial del 10%, el Ejecutivo chileno optó por una estrategia centrada en la defensa jurídica y en solicitar exclusiones sectoriales específicas, la cual no dio los frutos esperados.
Ante este panorama, las autoridades gubernamentales y las entidades gremiales ya analizan los pasos a seguir para mitigar el impacto. La discusión ahora se centra en evaluar si el país impulsará nuevas herramientas legales que permitan a las aduanas frenar la importación de bienes cuestionados, un requisito clave si se busca negociar una rebaja en los aranceles y recuperar la competitividad en el mercado norteamericano.