Los secretarios de Estado Martín Arrau y Fernando Rabat lideran la elaboración de una estrategia carcelaria sin precedentes enfocada en los penales de máxima seguridad del país. Este proyecto, que toma como referencia el conocido modelo implementado en Italia, busca cortar de raíz la comunicación de los reclusos de alta peligrosidad con el exterior para impedir que sigan operando desde el encierro.
Dentro de las modificaciones contempladas, los internos pasarán la mayor parte del tiempo confinados en solitario dentro de sus piezas, las cuales contarán con servicios higiénicos integrados y elementos ignífugos. Asimismo, los tiempos de recreación se reducirán drásticamente a un máximo de sesenta minutos diarios, y los traslados por los pasillos se efectuarán obligatoriamente con grilletes.
La normativa también estipula la utilización obligatoria de overoles diferenciados para evitar jerarquías internas, junto con un recorte severo en las visitas y la prohibición absoluta de aparatos tecnológicos. Para esto último, se proyecta la instalación de bloqueadores de señal celular y un control estricto sobre las encomiendas que ingresan a los recintos.
Pese a que la iniciativa se inspira en sistemas europeos severos que históricamente han recibido reparos por parte de organismos humanitarios, desde el Ejecutivo aseguran que están afinando los detalles técnicos y legales. El propósito es garantizar que la normativa cumpla con los estándares internacionales vigentes antes de su implementación definitiva.