A partir de este viernes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) comenzará a aplicar un gravamen extra del 12,5% a un grupo importante de envíos chilenos. La determinación se originó tras concluir que la nación no cuenta con normativas suficientemente eficaces para frenar la entrada de mercancías elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso, una medida que también afectó a medio centenar de países.
El impacto económico no golpeará a todos los sectores por igual. Mientras que los cátodos de cobre, el carbonato de litio y la celulosa se salvaron del tributo, productos de alta relevancia para el comercio nacional —como el salmón fresco y congelado, las uvas, los arándanos, los vinos y la madera aserrada— deberán asumir obligatoriamente el recargo aduanero. Cabe destacar que esta nueva sobretasa se instala justo cuando expiraba un cobro transitorio anterior.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, rechazó tajantemente la medida. La autoridad aclaró que Chile posee una legislación laboral rigurosa y que la resolución norteamericana en ningún caso acusa a empresas locales de malas prácticas, sino que responde a criterios estrictamente internos de Washington frente a los cuales se hicieron gestiones que finalmente no prosperaron.
Los gremios productivos ya venían advirtiendo sobre las consecuencias negativas en términos de competitividad y mayores costos operativos. En el caso del salmón, por ejemplo, las solicitudes para eximir al producto no fueron consideradas, a pesar de que el mercado estadounidense depende fuertemente de estas importaciones para cubrir su consumo interno, un escenario similar al que enfrentarán las viñas y el sector forestal.