A través de una cita con la mandamás del Ministerio Público en el Biobío, Marcela Cartagena, los representantes legales de los afectados aseguraron que la indagatoria por la desaparición de los siete pescadores está lejos de cerrarse. En la instancia, el abogado patrocinante, Rafael Poblete, destapó que un especialista de afuera del país se encuentra examinando la caja naranja del navío, aparato que almacena la ruta, velocidad y otros antecedentes del trayecto.
Pese a que Gendarmería de Francia no logró rescatar registros visuales previos, las familias apuestan todas sus fichas a este nuevo análisis técnico para aclarar qué pasó realmente. Además, la parte querellante insistirá en revisar el celular de un ejecutivo de Blumar, ya que el bloqueo inicial impidió extraer datos que podrían ser decisivos para la indagatoria.
Por otro lado, los cercanos a las víctimas manifestaron su molestia porque la figura legal del caso sigue siendo homicidio culposo, reiterando su convicción de que hubo intención en los hechos. Con la próxima llegada de Roberto Garrido a la testera de la fiscalía regional, los parientes confían en que se abrirán nuevas puertas para esclarecer el caso antes de llegar a un juicio oral.