El ecosistema de inversiones en el país atraviesa por un nudo crítico conocido popularmente como permisología. Aunque varias propuestas logran el visto bueno político tras pasar por el Comité de Ministros, el camino no se completa, ya que los procesos suelen extenderse en la justicia ambiental, generando un clima de alta incertidumbre para la puesta en marcha de los trabajos.
Datos recientes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) revelan un peak histórico en la materia. Entre el inicio de año y julio, las distintas judicaturas ambientales acogieron decenas de recursos que involucran a una treintena de grandes iniciativas, sumando miles de millones de dólares en capitales detenidos o bajo revisión judicial.
Casos emblemáticos como el plan inmobiliario Maratué en Puchuncaví, la adecuación operacional de Minera Caserones, el Parque Eólico Los Coihues y el Embalse Zapallar en la Región de Ñuble ilustran perfectamente esta tendencia. En todas estas situaciones, comunidades locales y organizaciones ciudadanas han recurrido a los tribunales para frenar los permisos ya visados.
Esta judicialización constante no hace más que estirar los plazos de ejecución por años, desafiando la competitividad económica y poniendo una voz de alerta en el empresariado. Mientras los tribunales sigan acumulando causas, el ansiado impulso a la reactivación se mantendrá condicionado por los litigios legales.