Desde la región de Los Lagos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos encendió las alarmas por un grave episodio que afectó a una vecina de un sector rural de Puerto Montt. La institución ingresó un requerimiento formal al Servicio de Salud de Reloncaví con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades funcionarias tras este procedimiento médico.
Todo comenzó cuando la afectada, quien cuenta con diagnóstico certificado de discapacidad intelectual, acudió al principal recinto asistencial de la zona debido a señales de trabajo de parto. Pese a su condición y malestares, los equipos médicos decidieron despacharla a su hogar en dos oportunidades distintas, desatendiendo las alertas que presentaba durante la gestación.
Ante el avance de las contracciones, la vecina terminó dando a luz en las dependencias de su propia vivienda ubicada en la zona de La Colonia. Horas más tarde, personal del SAMU concurrió al lugar para socorrerla y derivarla junto al recién nacido hasta el hospital para recibir asistencia médica especializada.
El organismo fiscalizador recordó que este tipo de prácticas vulnera tratados internacionales y constituye una manifestación de violencia de género en el ámbito sanitario. Por esta razón, exigieron saber si el centro hospitalario cuenta con normativas internas para evitar estas negligencias y si se instruyeron indagatorias internas para sancionar a los responsables.