En menos de cinco meses, la administración central ha debido lamentar la partida de más de treinta funcionarios de confianza, un hecho que encendió las alarmas y provocó inmediatos cuestionamientos desde la vereda opositora. La reciente partida de figuras clave, tanto en ministerios como en seremías regionales —incluyendo casos polémicos por exámenes de sustancias y problemas de gestión—, instaló el tema con fuerza en la agenda legislativa.
Desde el oficialismo intentaron calmar las aguas y restarle dramatismo al asunto, asegurando que estos ajustes responden al proceso normal de consolidación de los equipos. Voceros del Ejecutivo recalcaron que lo fundamental es actuar con prontitud cuando se detectan faltas o desempeños deficientes, restándole relevancia numérica al total de dimisiones acumuladas hasta la fecha.
Sin embargo, colectividades como el Partido de la Gente arremetieron contra la gestión actual, señalando que esta seguidilla de ceses de funciones refleja improvisación en los filtros de selección. A juicio de sus parlamentarios, la promesa inicial de contar con personal preparado desde el primer minuto queda en entredicho tras constatar la constante inestabilidad en las carteras regionales.