Las recientes emergencias climáticas que golpearon con fuerza a la Región de Coquimbo dejaron al descubierto una compleja realidad: los fenómenos meteorológicos extremos llegaron para quedarse. Tras años marcados por una sequía profunda, los suelos áridos y las quebradas mal cuidadas terminaron potenciando los daños de precipitaciones intensas en pocas horas, afectando gravemente a viviendas, caminos y a miles de familias de la zona.
Frente a este escenario, el gran dilema para el Estado pasa por cómo auxiliar con rapidez a los damnificados, agricultores y pequeñas empresas sin descuidar las finanzas fiscales. Solucionar la emergencia es la prioridad inmediata, pero la discusión de fondo apunta a la sostenibilidad financiera. Por ello, se plantea la creación de fondos de contingencia específicos y más flexibilidad en la ejecución presupuestaria para no descuidar áreas clave como salud y educación.
Sin embargo, los expertos recalcan que no basta con levantar lo destruido una y otra vez. El próximo erario nacional debe incorporar la variable climática de manera estructural, destinando más recursos a obras de mitigación, defensas fluviales y sistemas de alerta temprana. Otorgar mayor autonomía y herramientas financieras a municipios y gobiernos regionales también resulta clave para enfrentar de mejor manera futuras catástrofes en cada territorio.