El tribunal de alzada porteño ratificó la medida que mantiene detenidos los trabajos de edificación en el sector viñamarino de El Olivar, desestimando las acciones legales interpuestas por agrupaciones de vecinos, la constructora y la entidad patrocinante. La suspensión había sido decretada en el mes de marzo por las autoridades ministeriales, afectando directamente a los proyectos habitacionales destinados a las personas afectadas por el devastador incendio del año pasado.
Tras un análisis que se prolongó por cinco meses, los magistrados determinaron que los cuestionamientos sobre los proyectos exigen peritajes profundos y un proceso judicial con etapas probatorias formales. Desde la Seremi de Vivienda valoraron el dictamen, recalcando que la detención se fundamenta en informes técnicos que advierten posibles deficiencias en materias estructurales y de resistencia al fuego, por lo que insistieron en que no se pueden entregar casas si existen dudas sobre su seguridad.
En la vereda opuesta, la representación legal de los organismos constructores criticó el enfoque del tribunal, argumentando que la discusión se desvió hacia aspectos constructivos complejos en lugar de resolver el asunto legal planteado originalmente. Por su parte, los representantes de los comités habitacionales exigieron agilizar las soluciones para evitar mayores retrasos en el retorno de las familias a sus hogares.
Ante este escenario, los equipos jurídicos de los afectados confirmaron que recurrirán ante la Corte Suprema en los próximos días para revertir la resolución. En tanto, desde la cartera de Vivienda adelantaron que continuarán defendiendo la legalidad y el fundamento técnico de la paralización en las siguientes instancias judiciales.
