El poder legislativo de Nicaragua, alineado con el oficialismo, dio los primeros pasos operativos para materializar la directriz del mandatario Daniel Ortega de eliminar por completo los procesos de votación en el territorio. Esta decisión se gesta luego de que el líder del Ejecutivo manifestara públicamente su negativa a permitir instancias que amenacen la continuidad del actual bloque gobernante en el poder.
Para concretar este cambio institucional, el parlamento coordinará reuniones extraordinarias con el organismo electoral, un ente que también responde al mando central, con el fin de estructurar las modificaciones legales necesarias. Desde la administración estadounidense, el secretario de Estado cuestionó duramente la medida, señalando que este paso expone de manera definitiva el talante dictatorial del régimen que encabeza junto a su cónyuge.
Paralelamente, las reacciones internacionales no se hicieron esperar y diversos países vecinos manifestaron su inquietud ante el progresivo deterioro de las garantías cívicas en la nación centroamericana. Por su parte, los sectores opositores exigieron a la comunidad global una respuesta más firme y acciones diplomáticas concretas para frenar el avance de estas restricciones.