El parlamentario republicano Agustín Romero dio a conocer una propuesta legislativa orientada a endurecer drásticamente las sanciones contra el tráfico informal de fármacos utilizados para la interrupción de la gestación. Actualmente, este tipo de transacciones clandestinas suele castigarse únicamente como una falta sanitaria menor, una situación que el congresista califica como un vacío legal que debe corregirse de inmediato.
El texto legal propone que cualquier individuo sorprendido comercializando o distribuyendo estas sustancias por plataformas digitales o redes sociales enfrente los mismos castigos aplicados a quienes colaboran en un aborto fuera del marco de las tres causales permitidas en el país. Con esto, se busca equiparar la responsabilidad penal entre el proveedor de los remedios y quien ejecuta el procedimiento.
Desde la perspectiva del legislador, la venta por internet de productos como el misoprostol representa un peligro sanitario alarmante debido a la falta de supervisión médica. Su consumo sin receta ni guía clínica puede derivar en hemorragias graves, infecciones generalizadas y otras complicaciones severas que ponen en riesgo la integridad física de las mujeres.
Finalmente, el autor de la iniciativa remarcó que el propósito central es desmantelar el mercado negro que lucra con la salud femenina y vulnera la normativa vigente. La moción ya comenzó a generar debate en el ámbito político nacional de cara a su eventual discusión en el Congreso.