A partir de mediados de 2027, el sector privado nacional se verá en la obligación de transformar sus estructuras internas para hacerle frente al nuevo escenario demográfico que vive el país. Con la implementación de la Ley Integral de las Personas Mayores, se añadirá un apartado exclusivo en el Código del Trabajo enfocado en regular las normativas de empleo para quienes superen los 65 años. Esta transformación responde a las estimaciones del INE, las cuales señalan que Chile superará la cantidad de niños menores de 15 años en comparación con los adultos mayores a partir de 2028.
Desde el ámbito legal, los expertos advierten que las organizaciones no deben confiarse por el plazo disponible, ya que la adaptación requiere planificación estratégica y no solo cumplir con la ley. En zonas productivas como el Biobío, donde retener personal calificado se ha vuelto complejo, aprovechar la experiencia de los trabajadores mayores representará una oportunidad clave para el área de recursos humanos. La normativa contempla lineamientos específicos para este segmento, incluyendo un sueldo mínimo diferenciado que se sitúa por debajo del ingreso básico general.
Para los especialistas, la llegada de esta legislación marca un punto de inflexión definitivo en la manera de gestionar el talento humano en Chile. Hacia el año 2050, se calcula que un tercio de los habitantes pertenecerá a la tercera edad, volviendo indispensable que los empleadores integren este fenómeno en sus operaciones diarias. Aquellas marcas que logren anticiparse a la transición demográfica contarán con una ventaja competitiva superior para retener colaboradores experimentados.