La Cámara Baja dio el vamos definitivo al proyecto conocido como “ordenemos las cuentas”, habilitando su promulgación tras ratificar los cambios introducidos por el Senado. Esta normativa se hace cargo de un pasivo acumulado que asciende a unos 800 millones de dólares con las compañías distribuidoras, originado por retrasos previos en la fijación de tarifas.
Durante la tramitación, las autoridades recalcaron que el saldo debía cancelarse de todas maneras, advirtiendo que de no existir esta nueva regulación, el cobro se habría aplicado de golpe, incluyendo intereses más elevados y sin ningún tipo de red de protección para los hogares. Con el nuevo esquema, se fijaron cuotas reducidas que comenzarán a aplicarse en el mediano plazo, buscando un formato más equilibrado para el presupuesto familiar.
Asimismo, el texto legal ratifica la prolongación del beneficio de ayuda económica para el pago de la luz hasta el año 2027, junto con introducir exigencias de mayor transparencia en la transmisión y la opción de renegociar contratos vigentes. Pese a que el proyecto contó con amplio respaldo, en el debate también surgieron reparos respecto a la equidad del cobro generalizado y las condiciones de servicio que entregan las empresas a los clientes.