En medio de la audiencia para definir las medidas cautelares de los involucrados en el bullado caso de corrupción en la Región del Biobío, se confirmó la arremetida del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La entidad estatal presentó una acción judicial por fraude al fisco, asumiendo automáticamente la representación de los intereses comunales y dejando sin rol activo a la corporación edilicia en el transcurso de la indagatoria.
El núcleo de la investigación fiscal apunta a un monto de un millón y medio de pesos cancelado mediante un documento tributario ideológicamente falso. Dicha cifra habría sido emitida bajo el concepto de doscientos refrigerios, aunque los antecedentes apuntan a que los recursos públicos terminaron costeando la fiesta de cumpleaños del jefe comunal, Ricardo Fuentes.
Durante la instancia judicial llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, se dictaminaron medidas restrictivas para los acusados, descartando la prisión preventiva que exigía el persecutor. De este modo, los imputados —entre los que figuran la administradora municipal y exdirectivos de confianza— deberán cumplir con arraigo nacional, firma periódica y reclusión nocturna en sus domicilios.
Por su parte, la defensa de la administradora municipal valoró la decisión del tribunal de optar por sanciones menos gravosas y adelantó que solicitarán nuevas diligencias para esclarecer el grado de involucramiento de su representada. En la causa también figura formalizada una proveedora por la emisión del documento tributario cuestionado y la obtención irregular de fondos estatales.