La tramitación de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya está en marcha en la Cámara de Diputadas y Diputados, dejando un escenario legislativo sumamente estrecho. La instancia fiscalizadora quedó con una mayoría opositora tras conformarse su comisión revisora, lo que elevó aún más la presión sobre el Ejecutivo luego del polémico caso de rebajas de penas a delincuentes sexuales de menores.
En la Región del Biobío, las reacciones de los representantes locales reflejan la polarización que se vive en el Congreso. Por un lado, figuras de la oposición como el diputado Álvaro Ortiz respaldaron firmemente los argumentos del libelo, apuntando a supuestas faltas a la probidad. En la vereda de enfrente, parlamentarios oficialistas salieron a blindar al secretario de Estado, tildando la ofensiva opositora de carecer de sustento jurídico y de buscar un rédito puramente político.
Con los números muy apretados en ambas proyecciones de voto, el Partido de la Gente (PDG) vuelve a posicionarse como el árbitro clave de la votación. Aunque algunos legisladores de la colectividad reconocen una tendencia favorable a dar luz verde a la medida, los diputados locales del partido llamaron a la calma y evitaron adelantar posturas definitivas, justo en medio de un nuevo cruce de declaraciones con el Gobierno que complica las negociaciones en la antesala de la votación clave.




